A VUELA PLUMA: EL BUZÓN DE DENUNCIAS.

      Ayer se publicó, en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una carta abierta de la Ministra titulada:  "Carta abierta. La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos"

            En dicha carta, la Sra. Báñez señala la indudable importancia de la lucha contra el fraude laboral  "y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica"......  Y añade cifras sobre el importe del fraude ya detectado:  "entre 2012 y los primeros 6 meses de 2013 se llevan ahorrados 3.160,67 millones de euros"......"   "En lo que se refiere exclusivamente al primer semestre de 2013, se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios........ por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma........."

            Con estos números, el Ministerio pone a nuestra disposición un buzón  donde "notificar este tipo de conductas fraudulentas e insolidarias para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo.

        

            Y ello, según dice la carta, porque si bien es obligación de las  administraciones públicas atajar el fraude,    "si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar"  en esa lucha  "acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua"......  "Solo con la implicación decidida de la sociedad española podremos conseguir frenar y acabar con un problema que ataca el corazón de nuestro Estado de Bienestar y las conquistas sociales alcanzadas con el esfuerzo de todos".

 

            Que hay que luchar contra el fraude  -en cualquier derecho-  es algo que compartimos todas y todos. Que dicha lucha es necesaria siempre,  y aún más en estas situaciones socio-económicas, es indudable.

            Lo que no considero ni legal ni moral es que se convierta a l@s ciudadan@s en delatores de otr@s.  Máxime cuando ese  "deber"  se intenta apoyar en consideraciones morales y no en parámetros o disposiciones de carácter normativo.  

            A) En efecto: no hay ningún precepto en nuestro ordenamiento jurídico que obligue a los ciudadanos y a las ciudadanas a denunciar a nadie. Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos sancionadores por denuncia (artículo 69.1 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), pero nunca como obligación.

            Es más, el artículo 39.1  de la misma señala que  "Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley".

            ¿Y qué dice la Ley? Los  artículos 4 y 5 del Real Decreto Legislativo 1/1994, (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) señala que  "corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social y a los trabajadores y empresarios colaborar en la gestión.  

            Y el artículo 78.2  del mismo Real Decreto dispone que  "Específicamente corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:   a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente Ley y, en especial, de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la Seguridad Social".

            Finalmente este Real Decreto dispone que la colaboración con la Inspección corresponde a los servicios de la Seguridad Social (artículo 79). Ni siquiera nombra a la ciudadanía.

           

            B) Establecido ya que no hay una obligación legal de denunciar, ¿a qué se puede apelar para que nos sintamos obligad@s, persuadid@s  a denunciar?.  ¿Qué justifica que la ciudadanía se convierta en denunciante?.

            Denunciar a alguien es otorgar al/ a la  denunciante un poder muy peligroso; no sólo porque puede dar lugar a venganzas, revanchas,....; sobre todo es peligroso porque:

            -  se otorga a la ciudadanía el poder de interpretar las leyes. ¿Pero tenemos tod@s la formación jurídica necesaria para ello?. Me podrán decir que sólo se pide al ciudadano que señale que  "hay algo que no le cuadra".

            Vale, es verdad. Pero ¿y si la denuncia conllevara la suspensión cautelar de la prestación hasta que el organismo administrativo correspondiente termine la investigación?.

            - Se convierte a la ciudadanía en  "agente de la autoridad", en empleado público. ¿Acabaremos en una sociedad de espías y espiados?. ¿Trabajaremos gratis para el poder?. 

            - Se crea a la ciudadanía un conflicto de conciencia: ¿Vivimos y dejamos vivir o nos convertimos en superhéroes o superheroínas contra la corrupción?. ¿Estamos tan limpi@s como para atrevernos a tirar la primera piedra?.

             Por cierto Señora Ministra: ¿las mujeres estamos excluidas de esa responsabilidad?