La primera muerte de la que tengo
memoria fue la de mi tata: una chica muy
joven que nos cuidaba y que murió con 25 años. Aún recuerdo muchas escenas de
aquél día, a pesar de que yo sólo tenía
6 años.
Sobre
todo me viene a la memoria la imagen de
mi madre llorando y repitiendo una frase:
"tenía que habérnoslo dicho y la hubiéramos ayudado". No entendía nada de nada. Sólo veía lágrimas
y mucho dolor. Y aún menos entendí
porque sus padres vinieron a despedirse de nosotros porque se marchaban a otro
sitio.
Pasados
los años, indagué sobre todo aquél asunto. Mi tata Isabel murió al intentar abortar
en casa de una "componedora". Así
llamaban a las señoras que, sin tener ningún tipo de conocimientos, practicaban
abortos caseros. A las componedoras recurrían quienes por vergüenza y, sobre
todo, por falta de recursos económicos, no podían ir a un médico.
Y
los padres de Isabel tuvieron que
"expatriarse" porque lo
que su hija había hecho era una infamia, un pecado y un delito.
Le
pregunté a mi madre porqué decía que ella la hubiera podido ayudar. Si lo que Isabel había hecho era delito ¿cómo
iba a ayudarla?. "Hija, en aquélla
época el dinero también podía convertir lo blanco en negro".
Esta
mañana, desayunando en un bar, estaban radiando una entrevista al Ministro de
Industria. Le preguntaron porque el Partido Popular se había opuesto a la
iniciativa de otros partidos relativas a impedir el corte de la luz y el agua para
las familias que no podían pagarla. La respuesta del Ministro fue decir que se
intentaba evitar que lo pagáramos los demás.
Imaginaos
las contestaciones espontáneas que surgieron; quienes estábamos en el bar nos
acordamos de que "los
demás" estamos pagando el rescate a
los bancos (que son empresas privadas); estamos pagando a las eléctricas el
déficit tarifario (por cierto, frase que tod@s citamos y que muy poc@s saben
que es); que los padres de Marta del Castillo tienen que pagar unas costas en
una caso no resuelto, etc,....
¿Porqué
cito estas dos "anécdotas"?. Pues porque considero
que hay cosas que no pueden quedar sujetas a condiciones ideológicas o
personales, por mucho que deriven de una mayoría política. Hay materias que repercuten
mucho más allá de una legislatura o de un gobierno o de una coyuntura económica
concreta. De otra forma: ¿puede un derecho quedar sujeto a la ideología del gobierno de turno?. ¿Nos podemos permitir que en cada cambio de gobierno haya un nuevo catálogo de derechos y de delitos?.
No
tengo conocimientos suficientes para pronunciarme sobre si era o no
imprescindible rescatar a los bancos; tampoco los tengo cómo para saber si a
las eléctricas se les debe algo o no. Tampoco tengo autoridad ninguna (ni la quiero)
para decir si abortar es bueno o malo, si es un pecado o no, o si es propio de
una sociedad progresista o no. Lo único que
me considero autorizada a expresar es MI
OPINIÓN sobre cómo debe legislarse en determinadas materias.
Hay materias cuya regulación requieren algo más que una mayoría absoluta (mitad más uno de votos, es decir, 51 sobre 100); hay materias cuya regulación jurídica debe quedar sujeta a mayorías más que cualificadas y, sobre todo, al consenso. Si la reforma de la Constitución debe ser aprobada por mayoría de 3/5 de cada Cámara (es decir, 60 sobre 100) ¿cómo no la regulación de nuestros derechos? (educación, tasas judiciales, aborto,...).
Y si ese consenso no es posible en las instancias parlamentarias o si se trata de materias de especial repercusión social, tenemos ya regulados mecanismos para saber que opina la ciudadanía: el referendum.
En
el caso del aborto, creo que su regulación no debe ser cuestión de un sólo
Ministerio, y mucho menos sólo del Ministerio de Justicia, porque ya presupone
que se enfoca como una cuestión de legalidad y licitud. Lo mismo que la ley de Educación tampoco debería haber partido de un sólo
Ministerio, porque afecta a muchas más áreas.
Y
algo muy obvio, aunque a veces se olvida: que el derecho exista no obliga a nadie a ejercerlo. Nadie está
obligado a casarse ni a inscribirse en un registro de parejas de hecho, a pesar
de que tengamos estos derechos. Nadie está obligado a acudir a la sanidad
pública, a pesar de que tod@s tengamos reconocido al derecho a un sistema
público de seguridad social.
La
nueva ley del aborto, a mi juicio, implica convertir un derecho en un
privilegio. Y con ello, corremos el peligro de volver a ver casos como el de mi
tata Isabel o los de turismo abortivo (¿os suenan los vuelos de fin de semana a
Londres o a Ámsterdam?). Y señores y señoras, esto también es "marca España".
PS: Sé que, a veces, me pringo en temas muy delicados, de los que
se considera que pueden afectar a mi imagen profesional. Soy muy consciente de
ello. Pero tengo un problema: no sé separar mi faceta personal de mi faceta profesional;
ambas me acompañan desde que me levanto hasta que me acuesto.
Aquí dejo este modesto post. Quien quiera, que
lo comparta en la red que quiera; estáis en vuestro derecho. Yo no
voy a hacerlo porque no quiero poner a nadie en el compromiso de valorar si es
o no adecuado para figurar en su red.
